Víctimas del Guaviare harán observaciones sobre las versiones de 51 comparecientes de la fuerza pública ante la JEP en el Caso 08
EDWIN RUEDA
Los integrantes de la fuerza pública han hecho aportes a la verdad sobre 27 asesinatos, y un caso de violencia de género contra una mujer, desapariciones forzadas y tortura, entre otros, causados en 18 hechos investigados.
En una audiencia pública, convocada para el 27 y 28 de agosto, las víctimas harán observaciones sobre lo que dijeron los comparecientes de los batallones de contraguerillas 75 y 78, así como la Brigada Móvil 10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
En la diligencia, que se realizará en Villavicencio, Meta, participarán víctimas acreditadas en el Subcaso que abarca 24 municipios de la zona Ariari Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas. Bogotá, 23 de agosto de 2024. Las víctimas acreditadas de Ariari- Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas recibirán las versiones de 42 comparecientes de la fuerza pública ante la Sala de Reconocimiento y 9 más, que se encuentran en proceso. Se trata de lo dicho por antiguos integrantes de los batallones de contraguerillas 75 y 78, de la Brigada Móvil 10 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que fueron vinculados al Caso 08. Las versiones fueron recogidas en el marco del proceso que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. La recolección de estos testimonios empezó el 15 de agosto de 2023 y se espera que termine el 8 de agosto de este año, con un total de 51 comparecientes que en un proceso dialógico realizaron sus aportes a verdad. Ninguno de ellos fue condenado en la justicia ordinaria por estos crímenes. Hasta la fecha, los integrantes de la fuerza pública que han dado su versión han entregado aportes a la verdad sobre 27 asesinatos, muchos de los cuales aún se encuentran en condiciones de desaparición forzada. También dieron información sobre un caso de violencia de género contra una mujer. Además, se han pronunciado sobre otras conductas, como torturas, tratos crueles, privación de la libertad, fraude procesal, falso testimonio y conductas contra la administración de justicia. La entrega de esta información a las víctimas se formalizará en una audiencia presencial, liderada por la magistrada Reinere Jaramillo, el próximo 2 de agosto de 2024 en Villavicencio, Meta. En ese espacio se socializará la información con las víctimas acreditadas, sus representantes judiciales y la Procuraduría. Luego, el 27 y 28 de agosto, en la misma ciudad, se llevará a cabo otra audiencia para que las víctimas puedan hacer observaciones sobre lo dicho por los comparecientes de la fuerza pública. En esta ocasión, podrán exponer sus demandas de verdad y responsabilidad, así como profundizar en los daños que les causaron. Actualmente, 56 víctimas individuales se han acreditado para participar en el proceso judicial. El Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno, perteneciente al grupo étnico afro de Calamar, también se ha sumado al proceso. En ese territorio se avanza en la investigación y se tiene previsto continuar las versiones con hechos que vinculan a la Brigada Móvil 7 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. ¿Cuál es el universo de víctimas del subcaso? En esta región del oriente del país, la JEP identificó un universo provisional de al menos 854 crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, incluyendo desapariciones, desplazamientos, homicidios, secuestros y violencia sexual. Los informes y las bases de datos consultadas identificaron a 594 presuntos responsables, una cifra que podría aumentar a medida que avance el proceso. Los presuntos responsables de la fuerza pública fueron vinculados al proceso porque aparecen mencionados en los informes de víctimas o en versiones de otros comparecientes. Precisamente, la zona priorizada donde operaron los integrantes de estas unidades militares a comienzos del 2000 se consideró retaguardia de las extintas Farc-EP, debido a la influencia y el control territorial que ejercían sobre las poblaciones y los recursos geoestratégicos en disputa. ¿Por qué se priorizaron estas unidades militares? En diciembre del 2003, con el apoyo del Plan Patriota, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con más de 20.000 hombres armados desplegados en esa zona del país para combatir con las extintas Farc-EP. Según la información judicial recolectada y también reportada en los informes entregados a la JEP, en el desarrollo de esta estrategia militar, los habitantes de las zonas rurales y la población campesina fueron señalados como simpatizantes o presuntos colaboradores de esa extinta guerrilla. Asimismo, existen reportes de que los habitantes fueron sometidos a hostilidades y actos de violencia como desaparición forzada, homicidios, masacres, desplazamiento forzado, detención arbitraria, despojo de tierras, tortura y tratos crueles, destrucción o hurto de bienes civiles, violencia sexual y violencias basadas en género. En el proceso judicial se ha recogido evidencia que indica que en las estrategias de control territorial estas poblaciones también sufrieron limitaciones para obtener alimentos, restricciones a la participación democrática y restricciones de movilidad terrestre, aérea y fluvial. Además, fueron sometidas a retenes, censos y registros fotográficos por parte de la fuerza pública, a menudo en colaboración con paramilitares, otros terceros y redes de apoyo. Estos abusos ocurrieron especialmente entre 1998 y 2016. En el caso del Batallón Contraguerrilla 78, por ejemplo, se identificó que algunos de los crímenes presuntamente fueron cometidos en alianza o con el apoyo de paramilitares, como el Bloque Héroes del Guaviare o integrantes de esas estructuras como José Alexis Quevedo, conocido como ‘El paisano’. Esta unidad militar también es investigada por la alianza con uno de los presidentes de la junta de acción comunal de Lagos del Dorado en la señalización y planificación del asesinato de quienes eran identificados como informantes o vinculados con la comercialización de la pasta a base de coca. La JEP también ha documentado evidencia que compromete a este batallón con delitos como desaparición forzada, homicidios, masacres, tratos crueles, violencia de género y fraude procesal. Además, se han encontrado registros de intervención en la administración de justicia penal militar para ocultar pruebas y archivar los expedientes correspondientes.
