| – La Secretaría de Transparencia ha mapeado 185 reportes de posibles hechos de corrupción en temas relacionados con la emergencia COVID-19. – “Estamos obligado a rescatar la confianza de los ciudadanos actuando con lealtad a la función encomendada”. |
Esta emergencia “no justifica tolerancia, complicidad o condescendencia con aquellos que durante mucho tiempo de nuestra historia se han lucrado a sí mismos con el abuso de los recursos públicos”, señaló la Vicepresidente al insistir en la decidida acción que lidera su Despacho de la mano de la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública, que vigilan el cumplimiento de la gestión de los servidores públicos que ejecutan recursos destinados a enfrentar la crisis sanitaria derivada de COVID-19.
La emergencia conlleva condiciones que no tienen ningún precedente en la humanidad -dijo- y está afectando derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como la libertad de movilización, que, sumada a incertidumbre financiera, incremento en demanda de productos esenciales, alimentos, medicamentos, elementos de aseo y la volatilidad en los precios en los mercados nacionales e internacionales, exigen “determinación para proteger no solamente nuestra salud, sino proteger los recursos públicos que están dirigidos a la salud y al alimento de los colombianos”.
La Alta funcionaria, reitero que la Secretaría de Transparencia, a cargo de la Abogada Beatríz Londoño, ha venido identificando cuáles son los sectores donde se facilita la corrupción, para cerrar esos agujeros, previniendo cualquier irregularidad de orden administrativo o situaciones que sean susceptibles de dar lugar a hechos delictivos en la celebración y ejecución de los contratos.
Por su parte, la Secretaría de Transparencia, Beatriz Londoño, manifestó que ha mapeado 185 reportes de posibles hechos de corrupción en temas relacionados con la emergencia COVID-19, especialmente en departamento de Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander y Bogotá. ‘Esto exige que se haga seguimiento y se revisen los procesos internos para evitar espacios o concreción de riesgos de corrupción”.
La Vicepresidente señaló que “Eficiencia y transparencia tienen que ir siempre de la mano. Los funcionarios todos estamos obligados a hacer una debida valoración de los riesgos, a actuar con total transparencia, con eficiencia en el manejo de esos recursos públicos, con integridad, aplicar de manera correcta todas las disposiciones jurídicas que están relacionadas con la contratación en materia de salud para atender esta emergencia sanitaria y todas las relacionadas con los alimentos, con todas las dotaciones, con todas esas ayudas extraordinarias que el Gobierno Nacional ha tenido que enviar a tantos sectores vulnerables de la población colombiana”.
Afirmó que los gobiernos territoriales, los gobernadores y los alcaldes comparten la preocupación del Gobierno y de cómo atender mejor a la ciudadanía ante las amenazas evidentes de esta pandemia. “Estamos convencidos que la mayoría de nuestros mandatarios territoriales, locales, gobernadores y alcaldes, están conscientes de la necesidad de preservar cada peso público para la prioridad que es conjurar este riesgo sobre la salud de los colombianos, pero también sabemos que desafortunadamente hay corruptos que acechan a la función pública y a sus funcionarios, en sectores como por ejemplo el de salud’.
La Vicepresidente invitó también a todos los colombianos a que aporten desde el compromiso “por la legalidad, desde el compromiso por la solidaridad, el cuidado de los demás, sobre todo los más vulnerables, desde el compromiso por la integridad que tanto necesita la sociedad colombiana, los invitamos a todos a cooperar con nosotros”, señaló.
Fue enfática en que es la ocasión para mejorar en muchos sentidos en sociedad, “con un mensaje inequívoco de cero tolerancia con la corrupción de parte de los funcionarios del Estado, de particulares y ciudadanos que muchas veces prefieren guardar silencio ante los hechos ilegales que ocurren”.
Sostuvo que todos los funcionarios están obligados a “hacer una debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia, eficiencia en el manejo de los recursos públicos, con integridad, aplicar de manera correcta las disposiciones jurídicas que están relacionadas con la contratación en materia de salud para atender esta emergencia sanitaria”.
Finalmente, agregó que hay que trabajar todos los días para lograr el objetivo de incrementar la confianza ciudadana en las instituciones.