En una decisión irrevocable, el Tribunal Administrativo de Casanare ha dictaminado la pérdida de investidura para Michael Castro, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal de Yopal.
La polémica se originó a raíz de un contrato de prestación de servicios profesionales que Castro habría suscrito con la Gobernación de Casanare, específicamente para labores relacionadas con la red vial y proyectos de inversión departamental. Según la demanda presentada, este contrato inhabilitaría a Castro para ejercer su cargo electo.
La demanda, que alegaba una acción de nulidad electoral, fue interpuesta en contra de Castro, quien obtuvo 1.855 votos en las elecciones anteriores, convirtiéndose en el concejal más votado en dichas contiendas.
El contrato en cuestión implicaba la prestación de servicios de ingeniería civil en varios municipios del departamento, aunque no en Yopal; sin embargo, según interpretaciones de la demanda, estos servicios podrían influir en la administración local.
El proceso se fundamentó en la prohibición que impide a ciudadanos con cargos o contratos influyentes en determinados territorios postularse para cargos de elección popular en esos mismos territorios, con el fin de prevenir conflictos de interés y asegurar la imparcialidad en la gestión pública.
La pérdida de investidura de Castro, quien también ejercía como presidente del Concejo Municipal, genera un impacto significativo en el ámbito político de Yopal; además, subraya las estrictas exigencias de elegibilidad y transparencia para los servidores públicos, así como el compromiso del sistema judicial con la justicia administrativa.
Este fallo, que no admite apelación, despierta un amplio debate sobre la interpretación de las normas de inhabilidad y la importancia de la transparencia en los procesos contractuales de quienes aspiran a cargos públicos; asimismo, establece un precedente relevante para futuros casos donde la línea entre ejercicio profesional y participación política pueda ser difusa.