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Senador Iván Cepeda pedirá a fiscal general de EE.UU. investigar a Uribe y Cadena

El senador enviará una comunicación a William Bar, en busca de determinar si el expresidente y el abogado sobornaron a exparamilitares en Estados Unidos.

Luego de que el congresista estadounidense Mario Diaz-Balart le solicitara al fiscal general de Estados Unidos, William Bar, investigar posibles actos de corrupción durante las visitas del senador Iván Cepeda a exjefes paramilitares en centros carcelarios de ese país, el mismo parlamentario del Polo negó las acusaciones y envió una comunicación al jefe del ente acusador norteamericano.

En esa carta señaló que «el abogado Diego Cadena, reconocido defensor de narcotraficantes y ex paramilitares presos en cárceles de Estados Unidos, ha tenido tratos con alias ‘El Tuso’ Sierra, y realizó gestiones durante meses para obtener sus escritos que deberían ser radicados en la Corte Suprema de Justicia, en la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, por presuntos delitos de soborno y fraude procesal».

Añadió el parlamentario, que «el exsenador Uribe actualmente se encuentra privado de la libertad, con medida de detención domiciliaria, en razón de esta investigación y que tramitó por medio de Cadena testimonios de narcotraficantes y exparamilitares colombianos para ser presentados ante la justicia colombiana; razón por la cual se investiga si les habría hecho ofrecimientos y sobornos para engañar a funcionarios judiciales».

Por ello, anunció que «dada la gravedad de los hechos expuestos, le solicitó al fiscal Barr que tome en cuenta estos elementos para investigar las conductas de los señores Uribe y Cadena en territorio estadounidense. Además, adelantaré gestiones para que se revise si se debe retirar las visas americanas a los involucrados, por ser actualmente investigados por la justicia colombiana».

Finalmente, Cepeda se defendió de las afirmaciones republicano Diaz-Balart, señalando que sus visitas a centros carcelarios hechas en 2008 y 2009 fueron hechas con autorización del Congreso y Gobierno colombiano, así como de las respectivas autoridades de Estados Unidos.