Colombia ha sido históricamente responsable con sus finanzas y el pago de su deuda pública. Es crucial que acompañemos al Gobierno en el diálogo y en la evaluación de las cifras. Garantizar el pago de la deuda es clave para la estabilidad económica, pero también debemos afrontar los retos de un presupuesto que aumenta en 20 billones, pasando de 503 a 523 billones de pesos para 2025. 
El incremento de 17 billones en el pago de la deuda pública es significativo. Por eso, es vital que se garantice el financiamiento del PGN. Ahora bien, si es necesario, replantear las cifras presentadas en el anteproyecto de ley para no asfixiar la economía, se tiene que hacer. Debemos buscar convergencia en las fuentes de financiamiento para priorizar la inversión en áreas estratégicas que impulsen la reactivación económica. 
Es imprescindible abrir la discusión sobre el uso complementario de los recursos de regalías para fortalecer la inversión. Además, no debemos disminuir el presupuesto del sector de Minas y Energía, que contribuye significativamente al PGN y a la seguridad energética. La capacidad de recaudo está ligada a nuestra política de reactivación económica, y es esencial generar sinergias con los gremios para asegurar el cumplimiento de recaudo de la Dian. 
