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Reactivación y expansión territorial de disidencias de las Farc tienen en riesgo a Cumaribo (Vichada)

Noticias Casanare

Los habitantes de las inspecciones Puerto Principe, Werima y Chupave y de los resguardos Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi son los principales afectados por las acciones del Frente Arcesio Niño del Estado Mayor Central, que busca el control social y de la zona.

Posibles enfrentamientos entre estructuras armadas no estatales pueden poner en riesgo los derechos a la vida, integridad, libre movilidad, entre otros, de comunidades campesinas e indígenas.

La Defensoría del Pueblo, por lo tanto, exhorta a la institucionalidad gubernamental a implementar acciones urgentes de atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como de seguridad humana.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 del 2024, a fin de que los entes de carácter nacional, departamental y local pongan en marcha acciones que protejan a las comunidades de Cumaribo, en el departamento del Vichada, pues la reactivación y expansión del Frente Arcesio Niño del Estado Mayor Central (grupo rebelde disidente de las Farc) las tienen en riesgo de vulneración de sus derechos.

El documento de prevención y advertencia refleja lo que particularmente podrían enfrentar las familias que habitan en las inspecciones Puerto Príncipe, Werima y Chupave, así como las comunidades indígenas de los resguardos Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi, debido a que el Arcesio Niño busca ejercer el control territorial y social de la amplia zona rural del municipio.

Los posibles combates entre ese grupo, también conocido como Frente 39, y las estructuras armadas no estatales, como facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), pueden poner en riesgo los derechos a la vida, integridad, seguridad, libre movilidad, salud, trabajo, entre otros, de comunidades campesinas e indígenas de Cumaribo.

Es apremiante la implementación de acciones

Ante la situación, la institución nacional de derechos humanos exhorta a través de la ATI a los entes gubernamentales a activar el Sistema de Prevención Rápida para que sean adoptadas medidas apremiantes de protección para los habitantes rurales del municipio cumaribense, pues de lo que se trata es de mitigar y prevenir el riesgo alertado y salvaguardar sus derechos fundamentales.

Impulsar acciones urgentes de atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos es otra de las recomendaciones hechas por la Defensoría, todo desde una perspectiva de derechos humanos, derecho internacional humanitario (DIH) y seguridad humana.

Las actuaciones de los ministerios del Interior y Defensa son claves

El Ministerio del Interior debe tramitar de inmediato la presente Alerta Temprana de Inminencia, convocar las sesiones de seguimiento, coordinación y valoración de la reacción rápida sobre el riesgo advertido.

El Ministerio de Defensa, con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Naval de Oriente, también debe aumentar con urgencia su despliegue territorial en las inspecciones Werima, Puerto Príncipe y Chupave del municipio de Cumaribo, así como el control en los ríos Vichada, Tomo y Tuparro.

El llamado a la Fiscalía y la UNP

A la Fiscalía General de la Nación, la conmina a coordinar con la Policía Nacional el fortalecimiento de los procesos de inteligencia, investigación criminal y judicialización de las conductas punibles identificadas.

Del mismo modo, insta a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en trabajo articulado con la Gobernación del Vichada y la Alcaldía de Cumaribo, a adelantar espacios de diálogo y capacitación para socializar la ruta individual y colectiva de protección para las lideresas y los líderes comunales que estén en peligro.

Solicita, igualmente, la formulación e implementación de un mecanismo que cuente con enfoques diferencial campesino, étnico y territorial para identificar con prontitud a toda la población susceptible de riesgos con su vida e integridad, entre otras recomendaciones.