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Habitantes del corregimiento Santana Ramos en Puerto Rico, Caquetá, están confinados por enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales

La situación es registrada desde el pasado 11 de agosto en la zona rural del municipio. La comunidad denuncia estar en un temor permanente por los homicidios selectivos, las amenazas y los combates.

Las entidades competentes deben atender con prontitud y articuladamente la situación de vulneración a los derechos humanos, máxime que desde mayo de este 2023 no ha habido presencia de los entes de los niveles nacional, departamental y municipal en el lugar.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advierte sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos de la población civil por la disputa entre grupos armados ilegales que viene ocurriendo el corregimiento Santana Ramos, del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá.

“Nuestros equipos en terreno advierten que en Satana Ramos ha habido, de manera infortunada, homicidios selectivos, amenazas, enfrentamientos armados en medio de la población civil, restricciones y prohibiciones a la movilidad, hechos que han afectado la seguridad alimentaria y las posibilidades de atención. Esta situación ha configurado un escenario de confinamiento desde el pasado 11 de agosto”, afirmó Carlos Camargo Assis.

Sectores de los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico continúan siendo epicentro de confrontaciones armadas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, grupos disidentes de las Farc, lo cual ha generado afectaciones a los derechos de las comunidades e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Los combates no solo han generado temor entre los habitantes del corregimiento, también corre riesgos su salud por los cuerpos sin vida de presuntos combatientes que, según las denuncias, no son levantados a tiempo por las autoridades a las que les compete esa labor.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo hace un llamado para que las entidades del Estado atiendan de manera urgente y articulada la grave situación de afectación a los derechos humanos, pues desde mayo pasado no ha habido presencia de los diferentes entes de los niveles nacional, departamental y municipal; tampoco se cuenta con presencia de fuerza pública que pueda garantizar el acceso a la zona.

“Las autoridades competentes deben atender las recomendaciones emitidas a través de nuestras Alertas Tempranas 007 del 2020 para los municipios de Puerto Rico y El Doncello, y 018 del 2023 para el municipio de San Vicente del Caguán. Además, los posteriores oficios de consumación en los que fueron advertidos los riesgos para la población de Santana Ramos y las consecuencias de las confrontaciones entre los dos grupos armados ilegales”, llamó Carlos Camargo Assis.

Así mismo, se dirigió a los grupos armados ilegales: “Atiendan el principio de distinción establecido en el DIH, dejar por fuera de sus acciones criminales a la población civil es imperativo. Avancen en gestos que honren las propuestas de diálogos para alcanzar la paz total anunciada por el Gobierno Nacional”, instó el Defensor del Pueblo.