Tres largas jornadas demoró la audiencia de la JEP, para abordar el tema de los falsos positivos, cometidos en el departamento de Casanare durante los años 2005 al 2008.
La diligencia judicial se llevó a cabo en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio. Hasta el lugar asistieron tanto familiares de las víctimas, como un grupo para militares retirados, señalados de los más escalofriante crímenes cometidos contra personas inocentes.
Los victimarios comprometidos con contar la verdad, fueron exponiendo, algunos con más detalles que otros, la ocurrencia de cada uno de estos homicidios, cuyas víctimas en su mayoría fueron campesinos, pertenecientes a humildes familias, que nunca cometieron delito alguno, pero que presentaron como peligrosos subversivos, muertos en combate.
A cambio de la sangre derramada recibieron premios y condecoraciones, incluso viajes al exterior para estudiar uno que otro curso irrelevante, que era más un ‘merecido paseo’ por tan noble labor que librar a la patria de estos ‘delincuentes’, que en su mayoría fueron amarrados torturados y ejecutados en estado de indefensión.
En esto se convirtió la sangre de los inocentes, en materia prima para confeccionar todo tipo de dádivas, muy bien recibidas por estos héroes de la patria.
La más esperada fue la intervención de mayor general Henry Torres Escalante, quien durante aquella época ostentaba el rango de coronel y era el comandante de la Brigada XVI.
Los asistentes, en especial las víctimas, esperaban que aceptara su responsabilidad directa en estos crímenes. Sin embargo solo reconoció, primero en ser un alcahuete de este holocausto, luego ante la presión de la magistrada y de los familiares de los desaparecidos, cambio por permisividad.
Actitud que dijo se pudo evidenciar en no haber hecho los llamados de atención a sus subalternos, cuando se enteró de las ejecuciones a sangre fría que estaban cometiendo. Algo imperdonable para el pero al fin de cuentas una falta no tan grave, como la han querido mostrar.
Visión totalmente contraria a la que tienen los familiares de las víctimas, quienes en reiteradas ocasiones le gritaron de frente, sin miedo, ¡Asesino! Acusaciones ante las cuales permaneció tranquilo, conservando la tranquilidad.
Al término de los tres días de audiencia las víctimas expresaron ante las cámaras de los medios locales su inconformismo, porque siente que no se ha contado toda la verdad.
Porque se siente burlados por general Torres Escalante, quien también contó cómo de manera encomiable, auspició una idea de emprendimiento de un oficial detenido en la base de Tolemaida.
En la versión del general este oficial basado en una versión falsa dicha ante la justicas, hizo que el ‘noble’ general fuese detenido. Luego ese mismo militar le solicitó una colaboración para montar un emprendimiento al interior de su sitio de reclusión.
De esta manera Torres Escalante le facilitó la razonable suma de 45 millones de pesos. En agradecimiento el oficial de esta historia, cambió su versión de los hechos y el general resolvió este asunto judicial.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekano, quien representa más de 200 víctimas, estos actos de generosidad, no son más que un rampante caso de soborno que debe ser investigado, al igual que toda la declaración del general, porque en su concepto no contó toda la verdad.
Finalmente paulatinamente todos fueron abandonando el recinto, los victimarios por una puerta lateral que los conducía al sótano, donde se encuentra el parqueadero del edificio y de allí a una buseta para luego ser conducidos al lugar de hospedaje.
Las víctimas con el peso de la zozobra motivada por la inconformidad motivada por la sensación no haber escuchado toda la verdad, salieron por la puerta principal, esperando que algún día se haga justicia.