Por causa de enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las FARC, los residentes de la vereda Siberia 1, ubicada en Tame, se encuentran enfrentando diversas dificultades, incluyendo restricciones a la movilidad, dificultades para acceder a la educación y actividades cotidianas, desabastecimiento de alimentos, falta de suministro eléctrico y carencia de agua potable. Además, una misión humanitaria conjunta ha confirmado la presencia de daños en viviendas y la presencia de cuerpos sin vida de combatientes en la zona, cuyo proceso de recolección está a cargo de las autoridades.
La Defensoría del Pueblo ha instado a todas las instituciones gubernamentales a intervenir y garantizar los derechos de la comunidad en la vereda Siberia 1 de Tame, Arauca, ya que se encuentra atrapada en medio de los enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las FARC. Una misión humanitaria compuesta por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica ha evidenciado una grave violación de los derechos humanos de las familias campesinas y la comunidad indígena del resguardo La Esperanza en la zona. Los combates han sumido a los habitantes del área en un estado constante de temor y zozobra.
Además, se han encontrado cuerpos sin vida de combatientes, cuyo proceso de recuperación está en manos de las autoridades. La población está experimentando restricciones en su movilidad, dificultades para acceder a la educación y a actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, falta de suministro eléctrico y carencia de agua potable. La misión también ha confirmado daños en viviendas y bienes, así como la presencia de artefactos sin explotar, cuya desactivación está siendo llevada a cabo por las fuerzas de seguridad.
Esta situación contraviene el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de los habitantes de la zona donde se desarrollan los enfrentamientos. Por lo tanto, las autoridades deben abordar esta compleja situación de derechos humanos implementando medidas urgentes y efectivas para establecer rutas de atención y protección que sean necesarias para salvaguardar los derechos de la comunidad.
En días anteriores, la Defensoría del Pueblo había solicitado a las instituciones gubernamentales que atendieran la crítica situación en Puerto Rondón (Arauca), donde se ha agravado el conflicto entre grupos armados ilegales. Cerca de 280 familias se vieron obligadas a refugiarse en el área conocida como Marreros, algunas de ellas en centros educativos y casas comunales, y más de 180 familias se vieron forzadas a emprender un desplazamiento masivo entre veredas. A través de Alertas Tempranas 023 del 2021, emitida para Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 del 2023, para Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la Defensoría del Pueblo, como la entidad nacional encargada de garantizar los derechos humanos, advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil debido a la confrontación entre grupos armados ilegales.