El domingo 27 de octubre, durante el debate en el recinto de la Asamblea Departamental, se abordó un proyecto de ordenanza que propone modificar, solo por este año, la fecha del festival cultural Casanare Palpita. Este evento se celebraría del 21 al 24 de noviembre.
Estefanía Antolines Velandia, directora del Instituto de Cultura y Turismo, explicó que la modificación busca incluir un parágrafo transitorio en la ordenanza original del festival, permitiendo a la Gobernación realizar el certamen en las nuevas fechas.
La controversia ha crecido debido a que la fecha originalmente establecida era en julio, y solo ahora se ha solicitado formalmente el cambio.
El diputado Germán Pinzón criticó que esta solicitud debió presentarse con anticipación y no a menos de un mes del evento. Según él, esta situación refleja un error de planificación que podría llevar a Casanare Palpita hacia la “melodía de la improvisación”.
Antolines defendió la decisión de no celebrar Casanare Palpita en julio, argumentando que durante ese mes el Gobierno seccional estaba ocupado en la armonización del plan de desarrollo, lo cual impedía realizar procesos contractuales.
A pesar de las críticas sobre el tiempo limitado para organizar el evento, señaló que la ley permite contratar a través de entidades sin ánimo de lucro con idoneidad para el desarrollo de este tipo de actividades. Para asegurar la transparencia del proceso contractual, se publicará toda la información relacionada en un sitio web oficial. Aseguró que, aunque los plazos son ajustados, su oficina ha avanzado considerablemente en la planificación, habiendo realizado diez sesiones con diversos sectores culturales, lo que sitúa el trabajo en un 90% de avance.
Sin embargo, el diputado Pinzón expresó sus dudas sobre esta figura de tercerización, indicando que podría perjudicar a los artistas al contratarlos a través de un tercero en lugar de hacerlo directamente con la Administración Departamental, lo cual podría resultar en menores ingresos para ellos.
Además, han surgido rumores, que en administraciones anteriores en dichos procesos aún no confirmados, se presentaron irregularidades en los contratos, donde algunos artistas firmarían por una cantidad mayor a la que realmente recibieron.
Se espera el segundo debate sobre este proyecto en la Asamblea Departamental, donde se decidirá su futuro.