El sistema de justicia transicional colombiano reafirmó sus límites al negar la entrada de Nelson Orlando Buitrago Parada, conocido en el alias de «Caballo», a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta decisión subraya la firme postura de la JEP frente a exmiembros de grupos paramilitares.
Buitrago Parada, hermano del Héctor Buitrago alias «Martín Llanos», buscaba acogerse a los beneficios ofrecidos por el acuerdo de paz. Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que carece de competencia para admitir su caso.
La resolución se fundamenta en ocho puntos claves, destacando que los exparamilitares no pueden presentarse como terceros civiles ante la JEP.
Se enfatizó que estos casos deben ser juzgados bajo la Ley 975 de 2005, diseñada específicamente para abordar delitos cometidos por grupos armados ilegales.
Además, la JEP señaló la ausencia de normativa en la jurisprudencia colombiana que permita la inclusión de exintengrantes de organizaciones paramilitares en su jurisdicción.
Esta decisión se alinea con el espíritu del acuerdo de paz, que explícitamente excluyó a los exparamilitares de los beneficios de la justicia transicional.
«Caballo» alegó haber sido parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) de 1999 a 2004. Presentó evidencia de condenas por delitos graves como desaparición forzada, tortura agravada y homicidio. Su petición se basaba en la acumulación de más de 100 sentencias condenatorias y 150 procesos en curso.
Entre sus condenas más notorias se encuentra una dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal por la desaparición forzada y homicidio de Beyer Reyes Monguí en 2002 en Aguazul. La misma autoridad judicial lo sentenció por crímenes similares contra Pablo Alberto Pérez en Tauramena en 2003.
Esta decisión reafirma el compromiso de la JEP con su mandato original y marca un precedente claro, sobre quiénes pueden acceder a este mecanismo de justicia alternativa en Colombia.