La Gobernación de Casanare, a través de un convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se convirtió en el primer departamento en aplicar la Ley 2292 de 2023, que permite a mujeres condenadas por delitos menores (con penas inferiores a 8 años) cumplir sus sentencias a través de servicios de utilidad pública.
La secretaría departamental de Integración, Desarrollo Social y Mujer, Neidy Oróstegui, anunció la iniciativa. Esta ley permite la sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario en el municipio de residencia de la mujer, sin remuneración, pero permitiendo compaginarlo con otras actividades como trabajo o estudio.
El trabajo comunitario requiere un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas semanales, sin superar las 8 horas diarias.
El convenio tiene una vigencia de 5 años y un cupo para 12 mujeres. Ya se ha beneficiado a una primera reclusa, y se ha trabajado previamente con el ICBF en este mismo esquema.
Para acceder a este beneficio, las mujeres deben cumplir tres requisitos: haber cometido un delito menor con una condena inferior a 8 años, ser madre cabeza de hogar y encontrarse en situación de vulnerabilidad o marginalidad.
La evaluación de la situación de marginalidad la realiza un profesional (psicólogo, trabajador social o sociólogo) comisionado por el juzgado a través de una visita domiciliaria. La decisión final la toma la juez, partiendo de los resultados de este informe.