La Superintendencia de Salud ha decidido intervenir administrativamente a Capresoca por un periodo de un año, debido a serias irregularidades que afectan la atención de más de 176,000 afiliados.
La medida, liderada por el superintendente Carlos Leal Angarita, se llevó a cabo el 7 de octubre y busca tomar control de los bienes y operaciones de la EPS.
Según Angarita, la intervención responde a incumplimientos en el estatuto orgánico financiero, específicamente en el artículo 114, lo que pone en riesgo la salud y vida de los usuarios.
Además, destacó que Capresoca ya estaba bajo vigilancia especial durante más de ocho años, sin haber corregido las deficiencias señaladas por la Superintendencia.
El superintendente aclaró que esta intervención no implica una liquidación de la entidad ni cambios en la nómina del personal. El agente interventor asumirá el cargo con la responsabilidad de realizar un diagnóstico y desarrollar un plan de trabajo que guiará las acciones durante este periodo.
Un comunicado oficial detalló que la Superintendencia identificó una «crítica situación» en aspectos administrativos y financieros, así como un aumento en las quejas y tutelas interpuestas por los usuarios.
Desde 2016, Capresoca había estado bajo medidas preventivas sin lograr resolver las falencias detectadas. Las quejas aumentaron un 120% entre enero y julio de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En términos financieros, se reportó que la EPS no cumplió con los indicadores mínimos requeridos durante varios años y no presentó información sobre reservas técnicas. Además, se observó un incremento del 66% en tutelas relacionadas con dificultades en la prestación de servicios.
La intervención ha generado escepticismo entre los afiliados, quienes recuerdan experiencias pasadas donde medidas similares no lograron mejorar la situación de otras entidades.
La Superintendencia espera que esta acción permita estabilizar a Capresoca y garantizar una atención adecuada a sus usuarios.