La Procuraduría General de la Nación ha iniciado dos investigaciones disciplinarias contra 11 actuales y exfuncionarios de la Gobernación de Casanare por presuntas irregularidades en los contratos de servicios de alimentación y transporte escolar en el departamento.
Retrasos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Se detectaron problemas en la estructuración de dos licitaciones públicas abiertas en 2023 para la implementación del PAE en 2024. Estas fallas llevaron a la revocación de los procesos y a un retraso en el inicio del programa. En febrero de 2024, la gobernación declaró la urgencia manifiesta para asegurar la prestación del servicio, adjudicando un contrato por más de $8.200 millones para cubrir 58 días del calendario escolar.
A consecuencia de estos retrasos, no se garantizó el inicio del PAE desde el primer día del calendario académico.
Entre los investigados por estos hechos están las entonces jefes de la Oficina Jurídica, Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo; los exsecretarios de Educación, Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; y los directores de Cobertura Educativa, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador, además del director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.
Irregularidades en el Transporte Escolar
La Procuraduría también investiga supuestas anomalías en la adjudicación del contrato de transporte escolar al Consorcio Nuevo Amanecer para los estudiantes de 18 municipios no certificados de Casanare. El comité evaluador de la Oficina Jurídica habría habilitado la propuesta del consorcio a pesar de que no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
Entre los investigados están Karen Sofía Santafé Agudelo, jefa de la Oficina Jurídica, y los integrantes del comité evaluador: Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.