Colombia

CARCEL POR ORDENAR EL HOMICIDIO DE UN REINCORPORADO EN CAQUETÁ

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En otra investigación, el ente acusador logró que un hombre fuera asegurado en centro carcelario por su posible participación en el crimen de un reincorporado, en hechos ocurridos en Florencia.

El material probatorio presentado por un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación (UEI) fue determinante para que un juez de la República condenara a 42 años y 8 meses de prisión a Alirio Castaño Pérez, como responsable de ordenar el asesinato de dos personas.

Una de las víctimas era el reincorporado Bonargen Silva Niño. Los hechos se registraron el 12 de noviembre de 2017 en la vereda Guadalajara del municipio de Solano (Caquetá) cuando hombres armados, siguiendo instrucciones del ahora
sentenciado, dispararon en repetidas oportunidades contra las dos personas.

La Fiscalía determinó que el crimen obedeció a un conflicto de tierras. La investigación da cuenta que el hoy condenado pagó 400 mil pesos para que tres personas cometieran el doble asesinato. Castaño Pérez fue encontrado culpable de los delitos de
homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A la cárcel presunto responsable de la muerte de un reincorporado
En otro caso, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Arturo Ramos Calderón, por su presunta participación en el homicidio de dos personas, entre quienes estaba el reincorporado Carlos Cortés Henao.

Los hechos se registraron el pasado 16 de abril en la vereda Los Molinos de Florencia (Caquetá) a donde llegaron varios hombres armados. Las víctimas fueron sacadas por la fuerza de una vivienda y obligadas a subir a unas motocicletas que tomaron rumbo desconocido.

Los cuerpos fueron encontrados por las autoridades con impactos de bala.
Según la investigación, Ramos Calderón sería integrante de la denominada organización ilegal Ismael Ruíz que delinque en Huila y Caquetá. Un fiscal adscrito a la UEI imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados.

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