Las nuevas estrategias definidas contra las estructuras criminales, con el propósito de entender el contexto en el que actúan en el territorio y abordar de manera integral las investigaciones en su contra, permitieron obtener resultados destacados en 2022.
Los procesos investigativos liderados por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en trabajo conjunto con la fuerza pública, permitieron generar 1.347 afectaciones a estos grupos ilegales (1.231 capturas, 103 neutralizaciones y 13 entregas voluntarias).
Entre las personas detenidas y judicializadas, 498 harían parte del ‘Clan del Golfo’, 367 a las disidencias de las Farc, 135 al ELN y 231 a otras estructuras.
Priorización de acciones contra los cabecillas Durante 2022, se focalizaron esfuerzos para identificar y ubicar a los jefes de distinto nivel de las estructuras criminales. En ese sentido, hubo 257 afectaciones a cabecillas, 31 más que el
año anterior. Algunos de esos resultados son:
• La captura y judicialización del exjefe paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, el 27 de julio. Los elementos de prueba dan cuenta de que, luego de recibir el beneficio de libertad condicional por cumplir parte de una condena de 14 años de prisión, se habría convertido en el presunto máximo cabecilla de la subestructura suroeste antioqueño.
• Captura y judicialización de Víctor Alfonso Martínez Pinto, alias El Socio, señalado cabecilla principal de la subestructura Central – Turbo, el 28 de abril.
• Captura y judicialización de Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias Mamarón o Alexis, supuesto jefe de la estructura 5 de las disidencias de las Farc, el 19 de enero. A este hombre se le atribuye incorporar, en medio de amenazas de muerte, a niños,
niñas y adolescentes para instrumentalizarlos en distintas actividades ilícitas.
Acción investigativa contra el terrorismo
En lo que respecta a investigaciones por terrorismo, se resolvió el 33% de los casos conocidos, la tasa más alta en la historia de la Fiscalía. 28 personas fueron capturadas y presentadas ante jueces de control de garantías. En promedio, se obtuvieron resultados 39 días después de ocurrido cada evento.
De esta manera, se dio con los presuntos responsables de acciones como: el ataque a un componente del ESMAD en Cali (Valle del Cauca), que dejó 13 uniformados y un civil heridos; el atentado a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), en el que un civil y un soldado murieron, y 9 personas más quedaron heridas; y la activación de un artefacto en Frontino (Antioquia), donde 7 militares murieron y otros 7 resultaron heridos.